Introducción
 

Con el advenimiento del Estado de las Autonomías se inició un proceso de descentralización de las competencias del Estado hacia las Comunidades Autónomas y, en vez de aprovecharlo para la creación en las mismas de un nuevo modelo de administración publica moderna, que legitimase la función publica ante los ciudadanos haciéndola más efectiva por la cercanía de la misma a donde los ciudadanos viven y trabajan, se optó simplemente por replicar el modelo convencional y, en la mayoría de los casos, incluso, multiplicando la burocracia.
 

Caso particular la Sanidad, donde el modelo de transferencias era el más cercano a la creación de un Estado Federal y, por lo tanto, con mayores márgenes de libertad a la hora de acomodar las transferencias en cada territorio. Aquí se optó también, en general, por replicar el modelo INSALUD. Y, pese a que en muchas de ellas su etiqueta cambió de “Sanidad” a “Salud”, lo cierto es, tal como ya he comentado en alguna ocasión, son Consejerías de parte (lo público), desconectadas de los actores del clúster Salud en sentido amplio y centradas en la provisión de servicios y todo lo que ella implica (solo el 25 % de los determinantes de la Salud) y no en la Salud, que es su verdadera razón de ser.
 

No son estas reflexiones nuevas, sino que están presentes desde hace tiempo en los mentideros del sector, y de lo que se trata ahora es de ver quién será la primera Comunidad que se atreva a dar el paso al frente en la reforma de la manera de entender la administración publica y, en el caso de la salud, adaptar de una vez su gobernanza a un modelo de Salud y no de Sanidad.
 

Las bases de la reforma
 

1. Se Sanidad a Salud
 

Las Consejerías de Salud deben ser de todo el clúster salud (incluida aquí la dependencia); aseguramiento (mutuas laborales incluidas) y provisión, público y privado. De todas las anillas de la cadena del valor del medicamento, así como del cada vez mas importante ámbito de la biotecnología y con capacidad directa de actuación, no solo a través de la estrategia de salud de cada CC. AA. (transversal en todas las políticas públicas, con formato de Plan Estratégico más que de un proyecto estrictamente epidemiológico de Plan de Salud convencional), sino con capacidad directa de intervención (en la mayor parte posible del 75 % de los condicionantes restante), pues las agencias y otros mecanismos de colaboración entre departamentos no se han mostrado efectivos.
 

No se trata de que Salud gestione Educación, por ejemplo, pero sí de que se responsabilice de la estrategia de educación para la salud a lo largo de la educación básica o que la APS sea centinela de problemas de salud laboral, o que en la seguridad alimentaria Salud tenga protagonismo y que, aunque no es necesario que todos los Servicios Sociales pasen a Salud, sí, al menos, deben hacerlo los servicios sociales de Atención Primaria.
 

Deben separarse con claridad los aspectos normativos del aseguramiento y de la provisión, colocando solo bajo el Derecho Público (funcionarios, interventores, ley de contratos del Estado, etc.) la actuación de la función de auctoritas y potestas, mientras que todos los aspectos vinculados a la prestación de servicios, ya sea en el aseguramiento o en la provisión, deben estar sujetos al derecho privado (trabajadores sujetos al Estatuto de los Trabajadores, auditorías a posteriori etc.), para así poder gestionarlos asumiendo sus responsabilidades frente a los ciudadanos en el caso del aseguramiento, por ejemplo, ya que las listas de espera son de este seguro público y no de los prestadores si estos cumplen con los contratos que estas aseguradoras públicas les realicen.
 

En muy buena medida las CC. AA. son esencialmente gestoras de buena parte del Estado de Bienestar, al que dedican entre un 45 y un 50 % de su presupuesto, por lo que una buena experiencia del ciudadano en su interrelación con la Administración Pública es una obligación, lo que obliga a pensar siempre “como” el ciudadano y no “en” el ciudadano. Y si esto es cierto en todos los componentes de la cadena de valor del contrato social que configuran la sociedad del bienestar, es aún mas importante en su anilla clave, que es la Salud.
 

2. La reinvención del Gobierno

Al Gore, vicepresidente con Clinton y antes de convertirse al ecologismo, publicó un libro del mismo título que el de este apartado, en el cual hacía toda una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento de la Administración Pública, tanto a nivel local como federal y estatal, en los Estados Unidos. Me permito aquí recordar sus “diez mandamientos” para adecuar la Administración Pública a los objetivos de este paso de Sanidad a Salud:
 

1. Control ciudadano de la Administración Pública.

2. Adecuarla a sus fines y no a sus normas.

3. Orientarla a resultados y no a presupuestos.

4. Empresarializar su gestión.

5. Networking público-privado en la provisión.

6. Descentralización y autonomía de su estructura en su relación con los ciudadanos.

7. Gestión, no solo administración.

8. Transparencia ex ante y rendición de cuentas ex post.

9. Rediseño y simplificación de los procesos de interrelación de los ciudadanos con el sector público.

10. Profesionalización de los gestores públicos no sujetos a los vaivenes políticos.
 

En conclusión
 

Las empresas mutan constantemente su modelo de organización y gestión adaptándolo a su propósito y a los requerimientos del mercado; en nuestro caso, Salud, y no Sanidad, y ciudadano en el centro en sus tres roles de sociedad, propietario y cliente son los vectores clave de un cambio que hace demasiado tiempo que se hacer esperar.
 

¿Quien se atreverá? Otros ya lo han hecho antes, véase Jacinta Ardern en Nueva Zelanda y Sanna Marin en Finlandia.