La Concesión Administrativa es un modelo de prestación de servicios públicos por proveedores privados muy extendida en el mundo, sobre todo en sectores como los servicios (de múltiples tipos sobre todo en servicios sociales), la construcción, las infraestructuras y las comunicaciones. Así, podemos encontrar en régimen de concesión desde residencias sociales, colegías de educación especial, autopistas, presas hidráulicas, y otras obras y mantenimiento de instalaciones especiales con un fin público.
En el sector salud empezaron en la década de los 90 en España con el hospital de Alzira. No hay muchas en el sector salud, pero siempre han estado envueltas en polémica, ya que a los más estrictos defensores de lo público no les gusta que una empresa privada gestione un servicio sanitario público. Sin embargo, la clave es que el servicio que prestan sigue siendo público.
Los enemigos pasionales y acérrimos del modelo, yo creo son muchos solo por mera ideología y otros por desinformación. Siempre queda bien en determinadas ideologías oponerse a la “privatización”. Sin embargo, en los estudios locales del modelo en España sistemáticamente ha demostrado su solvencia, así como en los controles a los que se ha sometido por la administración pública. Además, tiene una alta valoración por los usuarios que dependen del mismo.
Yo mismo tuve la oportunidad de estudiar el modelo desde el punto de vista económico y de publicar mis conclusiones, siendo uno de los primeros estudios que mostraba la eficiencia económica del modelo. No he tenido conflicto de intereses con el mismo al haber trabajado siempre como gestor de hospitales y áreas de salud de gestión directa públicos (a veces al lado de una Concesión como estando de Gerente del Orihuela), y creo que siempre me he comportado como un investigador objetivo, partiendo de la base de que creo firmemente en un modelo de sanidad pública financiada por impuestos. Es más, al vivir cerca de Torrevieja, mi área y hospital de referencia son del modelo concesional (Torrevieja Salud), por lo que también lo conozco como usuario.
Posteriormente a mi estudio, diversos informes del Sindic de Comptes en la Comunidad Valenciana (máxima autoridad pública financiera de la Comunidad) demostraban su menor coste respecto a la gestión directa. La Monografía de la Fundación Gaspar Casal sobre la colaboración público privada en España, dirigida por Guillem López Casasnovas y Juan del Llano Señarís, concluyó que sus resultados clínicos son iguales, cuando no mejores en algunos aspectos que los hospitales públicos. Y hay una tesis muy reciente, dirigida por José Martín en la Universidad de Granada, donde pone de relieve su mayor eficiencia técnica sobre la gestión directa pública.
Si revisamos las publicaciones, en mi estudio, publicado en la revista de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, con datos de gasto real por habitante, detectaba que para hospitales de tamaño y cartera de servicios similares, de la Comunidad Valenciana, las Concesiones eran un 20% más baratas situándose en cuanto a indicadores de calidad medidos en los acuerdos de gestión, además entre los primeros puestos de la tabla de hospitales.
Por otro lado, la citada monografía de la Fundación Gaspar Casal dice textualmente: “Las sospechas de tergiversación clínica al servicio del objetivo del lucro, que han sido argumentos políticos para denostar las concesiones no se fundamentan en los datos analizados. Se detecta una mayor productividad (cargas de actividad) y una mayor sensibilidad a las preferencias de parte de la ciudadanía… Los economistas valoramos las alternativas en términos de costes de oportunidad. El rechazo a las concesiones abre unas alternativas de regresión a la media que pueden suponer un coste elevado para la buena gestión de los recursos públicos. No se trata únicamente de si proceden más o menos indemnizaciones legales sino, sobre todo, de reconocer el sentido de re-publificar y re-estatutarizar un sistema que se pretendía eludir, y posiblemente reiniciando un retorno al pasado poco justificable para la sociedad del siglo XXI”.
Esta profecía se ha cumplido ya que pasar el Hospital de Alzira a gestión directa ha supuesto una inyección de dinero y personal extraordinarias (más de 300 trabajadores nuevos) para mantener los indicadores de eficiencia que tenía el centro, y aun así ni está claro que se haya conseguido.
El último gran trabajo al que hice referencia, publicado en 2018, es la tesis de la profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública Carmen Pérez Romero, y que es especialmente interesante, ya que se fundamenta en un análisis envolvente de datos, donde se establecen una serie de imputs, tanto de recursos económicos, materiales y humanos, y se relacionan con los ouputs, como variables de actividad, que analizándolos de manera multivariable nos pueden aproximar una medida de la eficiencia técnica, en sentido de productividad, de los hospitales.
Los resultados obtenidos de las diferencias de eficiencia técnica, entre los diferentes modelos de gestión de hospitales, se muestran en la figura 35 de la tesis, donde se observa que los entes de derecho público con PFI, los hospitales privados y las concesiones administrativas son significativamente más eficientes técnicamente que el modelo de gestión pública directa tradicional y las fundaciones públicas sanitarias.